Imputados por "tonterías" en Madrid

Esperanza Aguirre publicó sus listas electorales para las elecciones autonómicas del día 22 de mayo. Se adjudicó un punto al reconocer que en sus listas no habían miembros que estuvieran imputados por el "Caso Gürtel", pero se le olvidó mencionar (seguramente a proposito) que en esas listas se incluyen otras 13 personas que sí que se caracterizan por estar imputados en otras causas de corrupción, como el "Caso Guateque", la trama de corrupción policial de Coslada, etc.



Ahora, no se le ocurrido otra cosa para quitar peso a esos imputados, que decir que los miembos del Partido Popular madrileño que están inmersos en causas de corrupción, lo están por "tonterías", restando importancia a la situación o característica de ser imputado.

La "tontería" de la Operación Guateque es una red de funcionarios municipales que cobraban comisiones ilegales a cambio de agilizar la concesiones de licencias para locales de ocio o retrasar expedientes sancionadores a los mismos. A cambio de una cantidad que oscilaba entre los 6.000 y los 30.000 euros, los empresarios conseguían abrir sus establecimientos en apenas unos días.

Los ciudadanos no diferenciamos entre "corruptos por tonterías" y otros tipos de corrupción, los que han utilizado sus privilegios, obtenidos únicamente por formar parte de un Gobierno, no deben tener el derecho de estar en unas listas electorales, con la consiguiente opción de poder ser miembro del siguiente Gobierno autonómico, ya sea de Madrid o de cualquier otro lugar del territorio nacional. No entendemos de primera división o segunda división en causas de corrupción, el que no ha hecho bien su trabajo no debe tener ese privilegio.
Los ciudadanos podríamos ejercer esa presión si existieran las listas abiertas.

Cualquier político que está incurso en una causa como imputado debe ser suspendido hasta que se resuelva el caso, de modo que no tenga opción de estar en esas elecciones. Cuando se resuelva el caso, si resulta que es absuelto, puede volver al trabajo, con la conciencia limpia, ya que es inocente; pero si resulta condenado, no debe poder volver a ejercer un cargo público, porque ha quedado demostrado que ha utilizado el voto de los ciudadanos para favorecer a ciertas personas o a ciertos grupos.

Lo dicho para el caso del Partido Popular en Madrid debe servir para cualquier caso de imputados en listas electorales que se pueda producir en España. Queremos políticos "limpios" y competentes.

Aquí tenemos la lista de los 13 imputados de Madrid y sus causas, redactada por El País:

1. Íñigo Henríquez de Luna. Imputado por el caso Bécara, una ramificación del Guateque, el caso de concesión irregular de licencias en el Ayuntamiento de Madrid. Henríquez de Luna es concejal en Madrid y ocupa un puesto destacado en la lista de Aguirre a la Asamblea regional. El juez del caso Guateque lo imputó tras recibir una denuncia de los propietarios de uno de los pisos del edificio donde el concejal autorizó la instalación de una tienda de decoración Bécara. El concejal del PP alegó que se trataba de una venganza de la familia por haberles cerrado un despacho profesional.

2. Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas (110.080 habitantes). Imputado por un delito de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociación prohibida a los funcionarios. El juez que instruye el caso observó indicios de delito tras una denuncia presentada por el PSOE, que alertaba de una operación de la Empresa Municipal de Vivienda de Alcobendas, por la que recompró dos fincas valoradas en 12 millones de euros por el doble de su valor.

3 y 4. Juan Ignacio Fernández Rubio, candidato del PP en Las Rozas (88.000 habitantes) y viceconsejero de Empleo de Madrid. Hasta hace un par de años fue alcalde de Guadarrama (15.000 vecinos), donde fue imputado por haber convertido un antiguo molino de piedra situado en terreno protegido en un restaurante de lujo, en el que tenía intereses. Por el mismo asunto también está imputado Miguel Rodríguez Bonilla, que repite en las listas del Ayuntamiento de Guadarrama. Era la mano derecha de Fernández Rubio cuando autorizaron el restaurante, donde también tenía intereses.

5. Raúl Pérez Vaquero. Candidato del PP en Coslada (91.218 habitantes). Imputado por prevaricación y malversación de caudales públicos, ha evitado la cárcel tras pagar una fianza de 22.000 euros. Está procesado por no ejecutar una sentencia contra el jefe de policía de Coslada, Ginés Jiménez, que protagonizó el caso Bloque, de supuesta corrupción policial en el municipio.

6 y 7. Miriam Rabaneda. La candidata del PP y exalcaldesa de Pinto (42.445 habitantes) está imputada por un delito de prevaricación. Durante el breve periodo en el que estuvo al frente del Ayuntamiento -entre las elecciones de mayo de 2007 y el 22 de diciembre de 2008, cuando se produjo una moción de censura-, ella y su hermana Tamara Rabaneda, exconcejal de Hacienda, que también está en la lista, autorizaron varios pagos que luego fueron reprobados por dudosa legalidad por los técnicos municipales.

8. Luis Partida. El alcalde de Villanueva de la Cañada (17.271 habitantes), que repetirá como candidato a la alcaldía, está imputado por el caso Porto, que acabó con la carrera política del anterior director de Urbanismo, Enrique Porto. Partida está acusado de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, por el desbloqueo del sector de Los Pocillos de su municipio, donde Porto tenía terrenos que luego revendió con notables plusvalías.

9, 10 y 11. Clara Torres Ruiz. Sobre la alcaldesa de Torres de la Alameda (7.896 habitantes) pesa una imputación por malversación de fondos públicos, al haber aprobado en el pleno subidas de sueldo a los trabajadores municipales supuestamente irregulares, ya que no existía partida presupuestaria ni consignación económica. Varios meses después, la decisión contó con un informe negativo de la Intervención Municipal. También están imputados los concejales del PP Ramón Polo y Manuel Tello, que también repiten en la lista.

12. Pilar Algovia Aparicio. El Juzgado de Instrucción número 3 de Aranjuez citó a la alcaldesa de Colmenar de Oreja (8.397 habitantes) y al arquitecto municipal el pasado 18 de abril como imputados con letrado. La regidora está acusada por un delito urbanístico denunciado por Ecologistas en Acción, que supuso otorgar licencia para la construcción de una vivienda en zona verde.

13. Ana María Pinos. Alcaldesa de Belmonte del Tajo (1.488 habitantes), está imputada por los delitos de falsedad documental y contra la ordenación del territorio por instalar una caseta de construcción en una zona protegida.